Con esta medida, se repara una grave anomalía jurídica que persistía en nuestro sistema normativo, ya que dicho precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil había sido declarado inconstitucional en 2010 por el Tribunal Constitucional, al afectar al derecho fundamental a la libertad personal y no tener el rango de orgánico -se trataba de una ley ordinaria-, el único suficiente según nuestra Constitución para regular este tipo de derechos.

 

En esa sentencia, el Tribunal Constitucional declaró contrario a la Constitución el mencionado artículo, pero no lo derogó, continuando por tanto en vigor, instando al Legislador a que con urgencia subsanara esta grave deficiencia jurídica.

 

Pasados casi cinco años, se resuelve esta grave irregularidad legal, atendiendo la demanda del CERMI en este sentido, plasmada en todos y cada uno de sus informes anuales de derechos humanos y discapacidad publicados desde 2010.

 

Aunque el CERMI no está de acuerdo con el procedimiento material regulado en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por no ajustarse a la nueva visión de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y viene propugnando una profunda reforma de las cuestiones que afectan a la libertad de las personas que tengan conexión de algún modo con una situación de discapacidad, sí ha exigido acabar con el escándalo jurídico de que un precepto declarado inconstitucional continuara surtiendo efectos.

 

El CERMI agradece al Equipo del Ministerio de Justicia por hacerse eco de esta demanda y resolverla en la tramitación de la Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.